LEONARDO PALACIOS MÁRQUEZ |
La tecnocracia hace falta para recuperar el sistema democrático
La Constitución de 1999, estatuto fundacional de esta vesania que vivimos desde entonces, tiene más allá de la justificación inicial de la demolición de las bases dogmáticas e institucionales de la mal llamada y huérfana IV República, aspectos positivos que sus mentores y defensores utilizaron para borrar las bondades, en algunos aspectos, de la Carta Magna de 1961.
Por vía de una comparación fútil y panfletaria, pero que al cabo de unos años se ha transformado en una piedra de tranca para la instauración del "socialismo del siglo XXI" y la demolición del Estado democrático social y de derecho.

En la Exposición de Motivos de "la Bicha", como la denominó en su tradicional irreverencia a las formas democráticas el Presidente de la República, se establece que para ella "adquiere especial significación (…) rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones, recuperando la moral pública la eficiencia y la eficacia de la función administrativa del Estado, características complementarias e indispensables para superar la crisis de la credibilidad y de gobernabilidad que se ha instaurado en el país en los últimos tiempos".

El texto parcialmente citado parece más bien la Exposición de Motivos de una nueva Constitución derivada de un nuevo proceso constituyente, surgido de la visión compartida de los sectores democráticos para la recuperación de la maltrecha institucionalidad, y no del texto vigente.

En efecto, la burocracia venezolana comporta signos alarmantes de ineficacia e ineficiencia.

El esfuerzo de construir una administración pública de primera, con cabezas organizacionales de alta preparación, profesionalismo, visión moderna de Estado y con una plantilla de funcionarios altamente especializados en cada ámbito competencial del Estado, que se proyecto antes de 1999, ha sido borrado.

Lejos quedaron las plantillas de funcionarios y asesores de alta calificación en organismos supremamente especializados y orientados "por la pasión de servicio a Venezuela", como reclamaba en 1960 el presidente Betancourt a los gobernadores de estado de entonces.

Se diluyeron la experiencia y los logros representados en la existencia de organismos tales como la Superintendencia de Protección a la Libre Competencia (Procompetencia), el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Pdvsa, la Comisión de Finanzas o la Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional.

La actual administración pública presenta en todos los niveles políticos territoriales y funcionales un lamentable balance caracterizado por su crecimiento desmesurado y sin control, al estar definida por una mentalidad de gobierno signada por la exclusión, la politización y la ideologización como motivación de las prestaciones de los servicios y la asignación de recursos públicos, el sacrificio de manera activa de funcionarios de primera y de carrera por remoción o retiros en franca violación a la estabilidad y a la carrera administrativa, y de manera pasiva, mediante el olvido de funcionarios institucionales en "organismos virtuales", que ni siquiera llegan a la categoría de paralelos.

En definitiva, estamos en presencia de un sistema de administración de personal que no se estructura técnicamente sobre la base de méritos, de normas y procedimientos relativos a las diversas situaciones jurídicas y administrativas de los funcionarios públicos, con exclusión de toda discriminación fundada en motivos de carácter político, social, religioso o de cualquier otra índole; todo lo contrario a los valores y principios que inspiraron la carrera administrativa.
Mientras Colombia en el gobierno del presidente Santos tiene como norma -y no como excepción- la incorporación de jóvenes con amplia formación académica y compromiso con el país, como lo demuestran ministros y viceministros cuyas credenciales son maestrías y doctorados en reconocidas universidades nacionales y extranjeras, muchos con carrera en el sector público, en Venezuela el aparato burocrático se nutre del reciclaje funcionarial, de políticos cuyas credenciales son la lealtad irreductible al proceso y a su líder, sin formación en el sector que dirigen, como lo evidencian la improvisación, el despilfarro de recursos, el solapamiento en el ejercicio de las funciones públicas, la incompetencia en el diseño y ejecución de políticas públicas y hasta las simples declaraciones a los medios.

A la vuelta de la esquina, ya casi de inmediato, se requieren funcionarios con credenciales, sin tendencias burocráticas sectarias o excluyentes, con vocación de servicio y dispuestos a sacrificarse por el país, con voluntad férrea y espíritu de transformación.

Se impone la integración de un gobierno plural, que rompa el círculo vicioso al cual se refiere Jorge Volpi: a Fin de un régimen autoritario, b Penosa transición a la democracia, c Desencanto y d Preservación de la injusticia, resurrección de los mismos políticos de siempre, más desencanto y, en punto extremo, indiferencia.

Se requiere una nueva pléyade de tecnócratas, que se jueguen su prestigio y trayectoria, propensos a formar equipos con políticos con visión moderna del Estado y capaces, como dijo el ex presidente Álvaro Uribe "de pasar del Power Point al power people".